La huelga general del 11 de noviembre en Canarias ha abierto un debate que va mucho más allá de los piquetes, las movilizaciones y los paros laborales. La pregunta que muchos trabajadores se hacen es inevitable: ¿estamos realmente ante una huelga convocada para defender sus derechos o ante una movilización con un evidente trasfondo político en un momento especialmente sensible? CCOO ha informado de una importante participación desde las primeras horas de la madrugada. Piquetes en Mercalaspalmas, puertos de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, estaciones y diferentes puntos estratégicos del Archipiélago han formado parte de una jornada que los sindicatos han calificado como una respuesta masiva de la clase trabajadora. Sin embargo, detrás de los mensajes oficiales y de las cifras de participación aparece una cuestión fundamental: ¿por qué ahora? Durante los últimos ocho años, muchos trabajadores han visto cómo problemas fundamentales continuaban sin resolverse. El acceso a la vivienda se ha convertido en una auténtica emergencia, los salarios siguen sin responder en muchos casos al aumento del coste de la vida y numerosas familias han sufrido las consecuencias de la inflación y de la precariedad. A todo ello se suman problemas que afectan directamente a Canarias y a España: la presión migratoria, las dificultades en el transporte, los problemas en las infraestructuras y la sensación de que las administraciones públicas no han respondido con suficiente eficacia a muchas de las necesidades reales de los ciudadanos. Pero para muchos críticos de la convocatoria resulta llamativo que una huelga general no haya tenido durante años una respuesta de semejante magnitud frente a todos estos problemas. Ocho años de silencio sindical La crítica más importante que se está produciendo contra CCOO y UGT es precisamente su actuación durante los últimos años. Muchos trabajadores consideran que los grandes sindicatos han mantenido una actitud excesivamente próxima al Gobierno y que sus principales acuerdos se han desarrollado mediante la negociación institucional, sin que se haya producido una movilización general comparable a la actual para denunciar la pérdida de poder adquisitivo, el incremento del precio de la vivienda o las dificultades que atraviesan miles de familias. La cuestión no es negar la legitimidad de los sindicatos para convocar movilizaciones. El derecho de huelga es un derecho fundamental. La cuestión es preguntarse por qué determinadas reivindicaciones adquieren ahora el carácter de urgencia absoluta cuando muchos de los problemas denunciados llevan años afectando a la sociedad. Porque la vivienda no se ha convertido en un problema esta semana. Los salarios no comenzaron a perder poder adquisitivo ayer.La precariedad laboral no apareció el 11 de noviembre. Los problemas del transporte y de las infraestructuras tampoco son nuevos. Y la inmigración irregular y la presión que soportan territorios como Canarias llevan años formando parte de la realidad política y social del Archipiélago. Por eso, una parte importante de la ciudadanía interpreta esta huelga desde una perspectiva política y no exclusivamente laboral. ¿Una huelga contra los problemas o contra la oposición? El debate es especialmente intenso porque algunos sectores consideran que la movilización está siendo utilizada para construir un relato político favorable al actual Gobierno. Desde esta perspectiva crítica, la huelga no estaría dirigida únicamente contra los empresarios o contra las condiciones laborales, sino que tendría también un objetivo político: movilizar a determinados sectores sociales y consolidar un discurso que permita presentar a la oposición como responsable de los problemas que, según sus críticos, llevan años sin resolverse desde las instituciones. La coincidencia de una movilización de esta magnitud con un escenario político y electoral convierte inevitablemente la convocatoria en objeto de debate. Cuando los sindicatos utilizan mensajes sobre beneficios empresariales y deterioro de las condiciones de vida, el discurso puede resultar legítimo dentro de la defensa sindical. Sin embargo, la pregunta continúa siendo la misma: ¿dónde estaba esta contundencia durante los últimos años cuando el coste de la vida aumentaba, cuando la vivienda se hacía inaccesible para miles de personas y cuando los salarios no crecían al mismo ritmo que los gastos de las familias? Para muchos trabajadores, resulta difícil no interpretar el momento elegido como una decisión con consecuencias políticas. Una cobertura informativa cuestionada Otro de los aspectos que genera críticas es la forma en que determinadas informaciones están siendo difundidas. Los sindicatos hablan de una «respuesta masiva» y de importantes paros en sectores estratégicos. Sin embargo, los críticos consideran que parte de la información publicada se centra principalmente en destacar el éxito de la convocatoria, la participación y las reivindicaciones sindicales, mientras que reciben menor atención quienes deciden continuar trabajando o quienes cuestionan la oportunidad y los objetivos de la huelga. Una sociedad democrática debe escuchar todas las voces. También la de quienes hacen huelga. Pero igualmente la de quienes deciden no hacerla. Porque no todos los trabajadores comparten las mismas posiciones políticas ni consideran que una huelga general sea la solución a los problemas actuales. El derecho a trabajar también debe respetarse. La huelga debe desarrollarse dentro de la legalidad y con absoluto respeto a quienes deciden secundarla y a quienes deciden no hacerlo. Los piquetes informativos forman parte tradicionalmente de las jornadas de movilización, pero la información nunca debe transformarse en presión, intimidación o coacción. En este contexto, los incidentes registrados durante la jornada y las informaciones sobre la aparición de objetos metálicos punzantes en la GC-1, que habrían provocado pinchazos y averías en varios vehículos, generan una enorme preocupación y deben ser investigados para determinar exactamente qué ocurrió y quiénes fueron responsables. No se puede atribuir automáticamente la responsabilidad de estos hechos a la organización de la huelga sin pruebas. Pero, si se confirma la existencia de una acción deliberada destinada a alterar la circulación o poner en peligro a los conductores, estaríamos ante unos hechos de extrema gravedad. Una huelga no puede justificar el riesgo para la seguridad de los ciudadanos. Ni puede aceptarse que quienes desean trabajar sufran presiones o situaciones de malestar por ejercer su derecho a no secundar una convocatoria. Los trabajadores merecen algo más que movilizaciones oportunistas La gran cuestión que queda sobre la mesa es si esta huelga representa verdaderamente una respuesta a los problemas históricos de los trabajadores o si, como sostienen sus críticos, se ha convertido en una herramienta de movilización con una evidente lectura política.Si los sindicatos consideran que la situación laboral es tan grave, los trabajadores tienen derecho a preguntar por qué no se han producido movilizaciones generales con la misma contundencia durante los últimos ocho años. ¿Por qué no una respuesta igual ante la crisis de la vivienda?¿Por qué no una movilización de semejante magnitud ante la pérdida de poder adquisitivo?¿Por qué no una presión permanente para resolver los problemas laborales?¿Por qué no una mayor contundencia ante las dificultades de transporte, las infraestructuras o los problemas sociales que afectan directamente a Canarias? La defensa del trabajador no debería depender del calendario político. Un sindicato debe defender al trabajador gobierne quien gobierne. Debe denunciar los abusos sin mirar el color político del Ejecutivo.Y debe mantener la misma firmeza cuando sus reivindicaciones pueden perjudicar a un Gobierno afín que cuando pueden favorecer su discurso político. Porque cuando una parte de la ciudadanía comienza a percibir que una huelga general sirve más para influir en el escenario político que para solucionar los problemas reales de los trabajadores, la movilización corre el riesgo de perder precisamente aquello que debería ser su mayor fuerza: la confianza de la clase trabajadora. La huelga es un derecho. La protesta es legítima. La reivindicación laboral es necesaria.Pero los trabajadores también tienen derecho a preguntarse si quienes hoy les llaman a parar estuvieron con la misma determinación a su lado durante los últimos ocho años. Y esa es, probablemente, la pregunta que debería responderse antes de pedir nuevamente a los ciudadanos que detengan su vida laboral en nombre de una causa que muchos ya no tienen claro cuál es. Please follow and like us: Navegación de entradas Ocho años de crisis: la factura política del Gobierno de Sánchez
