Ocho años de crisis: la factura política del Gobierno de Sánchez

Corrupción en el entorno del poder, tragedias ferroviarias, fallos en sistemas de protección, millones de desempleados y una presión migratoria sin precedentes dibujan un balance político que persigue al Ejecutivo socialista

Hay gobiernos que quedan definidos por una gran reforma. Otros, por una crisis que cambia para siempre su relación con los ciudadanos. El de Pedro Sánchez corre el riesgo de ser recordado por algo distinto: por la acumulación.

Una acumulación de escándalos, crisis, investigaciones, tragedias, polémicas y decisiones cuestionadas que, durante años, han ido conformando un paisaje político difícil de separar del nombre de quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno desde 2018.

No se trata de convertir cada investigación en una condena. Tampoco de atribuir automáticamente al presidente del Gobierno una responsabilidad penal por cada escándalo producido durante su mandato. La presunción de inocencia no es una concesión política: es un principio fundamental del Estado de Derecho.

Pero existe otra responsabilidad. La política.

Y esa responsabilidad comienza donde termina la excusa. Cuando un Gobierno lleva años dirigiendo el país, controlando los principales resortes del Ejecutivo y tomando decisiones sobre transporte, seguridad, empleo, inmigración o servicios públicos, no puede permanecer eternamente al margen de las consecuencias de su propia gestión.

El balance que emerge de estos años es, para sus críticos, devastador. Y para el PSOE, profundamente incómodo.

EL PODER BAJO LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN

El caso Koldo–Ábalos–Cerdán se ha convertido en uno de los mayores terremotos políticos que han sacudido al entorno socialista.

No se trata de una polémica menor ni de un episodio aislado. La investigación ha alcanzado a personas que ocuparon posiciones relevantes en el espacio político del PSOE: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

Las investigaciones analizan presuntas irregularidades en contratos públicos, comisiones y posibles adjudicaciones de obra pública.

Pedro Sánchez ha defendido que desconocía estas prácticas y que nunca las habría tolerado. Sin embargo, la pregunta política permanece y resulta imposible ignorarla:

¿cómo pudieron desarrollarse presuntas irregularidades de tal magnitud en el entorno de personas situadas tan cerca del poder sin que los mecanismos internos detectaran o frenaran a tiempo lo que estaba ocurriendo?

La Justicia tendrá que determinar las responsabilidades penales individuales. Pero el juicio político ya existe.

Porque un presidente puede desconocer una conducta concreta y, aun así, verse obligado a responder por la calidad de los controles existentes en la organización que dirige. Puede no ser responsable penal de los actos de terceros y, sin embargo, tener que asumir la responsabilidad política de haber situado en posiciones de enorme relevancia a personas posteriormente investigadas.

Esa es una de las grandes diferencias entre gobernar y simplemente administrar el poder.

El caso ha golpeado directamente la credibilidad del PSOE y ha colocado a Sánchez ante una realidad incómoda: cuanto más cerca del centro de poder aparecen las personas investigadas, más difícil resulta presentar el escándalo como un problema completamente ajeno a la estructura política que gobernaba.

LOS TRENES Y LA PREGUNTA QUE NADIE PUEDE ELUDIR

Pero hay crisis que van más allá del desgaste político.Hay tragedias que obligan a detenerse.Los graves accidentes ferroviarios recogidos en el documento, ocurridos en 2026 en la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla, situaron la seguridad ferroviaria en el centro del debate nacional.

Según los datos recogidos en el texto, ambos accidentes provocaron conjuntamente 115 fallecidos.Detrás de una cifra hay familias. Nombres. Historias interrumpidas. Viajes que nunca llegaron a su destino.Y, después de la conmoción, llegó la pregunta inevitable: ¿se hizo todo lo necesario para evitarlo?

Las críticas se dirigieron hacia posibles problemas de mantenimiento, deficiencias en los sistemas de seguridad, fallos en la gestión de las infraestructuras y una eventual falta de reacción ante incidencias anteriores.

Posteriormente se anunciaron medidas de seguridad y restricciones, mientras se abrían investigaciones relacionadas también con el posible uso fraudulento de fondos europeos destinados a la modernización y mejora de las comunicaciones ferroviarias.

La investigación deberá determinar responsabilidades y causas concretas. Pero políticamente hay una cuestión que ningún Gobierno puede esquivar cuando una infraestructura pública se convierte en escenario de una tragedia: si las medidas llegaron después, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse por qué no llegaron antes.

Porque la política no consiste únicamente en comparecer tras el desastre. También consiste en impedir que el desastre ocurra cuando existen riesgos que deberían haber sido detectados.

Y cuando la seguridad falla, las explicaciones no pueden limitarse a una rueda de prensa.

LAS PULSERAS: CUANDO FALLA UN SISTEMA DISEÑADO PARA PROTEGER

Pocas cuestiones resultan tan delicadas como la protección de las víctimas de violencia de género.

Por eso las incidencias relacionadas con las pulseras telemáticas generaron una preocupación especialmente profunda.

Durante la migración tecnológica del sistema se produjeron problemas relacionados con el acceso a determinados historiales y datos de los dispositivos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció la existencia de problemas técnicos y confirmó que inicialmente no se abrió un expediente a la empresa responsable.El Gobierno sostuvo que las víctimas continuaron protegidas y que, según la información oficial disponible, no se produjo ningún asesinato de una mujer mientras portaba uno de estos dispositivos.

Pero la cuestión política no desaparece.

¿Cómo pudo un sistema creado para proteger a mujeres en situación de riesgo generar incertidumbre sobre su funcionamiento?

En política, y especialmente cuando se trata de la seguridad de las víctimas, no basta con reaccionar cuando aparece el problema. La obligación esencial es evitar que el problema llegue a producirse.

La preocupación no reside únicamente en el resultado final. Reside en la existencia misma de una situación de incertidumbre en un mecanismo cuya función es ofrecer precisamente seguridad y protección.

Cuando el Estado crea un sistema para proteger a una persona vulnerable, ese sistema debe funcionar. No puede depender de explicaciones posteriores.

MILLONES DE ESPAÑOLES SIGUEN ESPERANDO

El Gobierno ha defendido durante años la evolución de las cifras de empleo.

Y es cierto que el documento reconoce una reducción de la tasa de desempleo respecto a años anteriores y un elevado nivel de ocupación.Pero las cifras tienen otra lectura.

En el tercer trimestre de 2026, según los datos recogidos, 2.591.200 personas permanecían desempleadas y la tasa de paro se situaba en el 10,18 por ciento. Además, el número de desempleados había aumentado en 95.900 personas respecto al trimestre anterior.

Más de dos millones y medio de personas. Después de años de Gobierno.Ese es el otro lado de los grandes anuncios económicos. El lado que no siempre aparece en los titulares triunfalistas.

Para quien encuentra empleo, las estadísticas pueden representar una recuperación. Para quien lleva meses o años buscando trabajo, una cifra de ocupación récord no paga la hipoteca, no llena la nevera y no resuelve la incertidumbre.

España sigue arrastrando un problema estructural.Y la pregunta es tan sencilla como incómoda: ¿cuándo deja un Gobierno de atribuir los problemas heredados al pasado y comienza a asumir que, después de ocho años, el presente también lleva su firma?

UN GOBIERNO EN PERMANENTE RECONSTRUCCIÓN

La historia de los gobiernos de Pedro Sánchez también puede contarse a través de sus salidas.

Ministros que dimiten. Ministros que son sustituidos. Altos cargos que abandonan sus responsabilidades. Remodelaciones sucesivas para afrontar nuevas crisis.

No todas las salidas tuvieron el mismo origen. Algunas respondieron a decisiones políticas normales. Otras, sin embargo, estuvieron directamente vinculadas a polémicas.

Màxim Huerta dimitió tras conocerse una condena relacionada con fraude fiscal. Carmen Montón abandonó Sanidad después de la polémica sobre su máster universitario. José Luis Ábalos fue apartado del Gobierno y posteriormente quedó vinculado a las investigaciones del caso Koldo.

El documento también recoge la dimisión de Óscar Puente en 2026 tras la crisis ferroviaria.

Cada caso tiene sus propias circunstancias.

Pero el conjunto proyecta una imagen difícil de ignorar: la de un Ejecutivo obligado una y otra vez a reaccionar, sustituir, reorganizar y contener los daños políticos provocados por las crisis.

La estabilidad no se mide solamente por la duración de un Gobierno.

También se mide por su capacidad para evitar que los problemas obliguen constantemente a reconstruirlo.

RTVE Y LA DESCONFIANZA

La batalla política también ha alcanzado a la televisión pública. Durante años se han sucedido las acusaciones de partidos, asociaciones, trabajadores y medios sobre una posible falta de pluralidad o sobre la existencia de un sesgo informativo en RTVE.

No se trata únicamente de una discusión entre partidos. El verdadero problema aparece cuando una parte de los ciudadanos deja de confiar en la neutralidad de una institución pública que debería pertenecer a todos. En una sociedad profundamente polarizada, RTVE debería convertirse en un espacio de referencia y credibilidad.

Cuando, por el contrario, su neutralidad se convierte en objeto de debate permanente, la institución paga un precio.Y ese precio es la pérdida de confianza. Una democracia necesita medios públicos fuertes. Pero también necesita que los ciudadanos crean que esos medios no son una extensión del poder político de turno.

CEUTA: CUANDO LA FRONTERA SUPERA AL ESTADO

Ceuta se convirtió en uno de los mayores símbolos de la presión migratoria.

Hasta el 31 de mayo de 2026, según los datos recogidos en el documento, se habían registrado 2.281 entradas irregulares, un incremento del 224 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La situación alcanzó una dimensión tal que el Gobierno declaró oficialmente una situación de interés para la Seguridad Nacional.

Era el reconocimiento de una realidad: las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad habían sido superadas. Las cifras fueron cambiando conforme avanzaban los recuentos. Inicialmente se manejaron estimaciones de entre 50.000 y 72.000 entradas. Posteriormente se habló de aproximadamente 80.000 personas. Un informe posterior de la Guardia Civil elevó la estimación de retornos a 88.146 personas hasta el 27 de octubre.

En agosto, las estimaciones situaban entre 5.000 y 8.000 personas las que permanecían en Ceuta, dependiendo de la fuente y del momento del recuento.Más allá de la complejidad de establecer una cifra única, el problema político resulta evidente.

Una ciudad española terminó afrontando una situación que superaba su capacidad ordinaria.

Y cuando el Estado reconoce oficialmente que la situación ha alcanzado semejante gravedad, la pregunta no puede ser únicamente cuántas personas entraron o cuántas fueron devueltas.

La pregunta debe ser: ¿por qué se llegó a ese punto?Las fronteras no pueden gestionarse únicamente cuando la crisis ya está en marcha. La anticipación también forma parte de la seguridad.

CANARIAS, LA FRONTERA OLVIDADA

Si Ceuta representa la presión en la frontera terrestre, Canarias se ha convertido en uno de los grandes escenarios de la tragedia migratoria en Europa.

El Hierro, Lanzarote, Gran Canaria y el resto del Archipiélago han tenido que hacer frente a una presión constante. Especialmente dramática ha sido la situación de El Hierro.

En 2023 llegaron a la isla 152 embarcaciones y fueron atendidas 14.417 personas migrantes. Hasta el 1 de octubre de 2024, las cifras habían aumentado hasta las 191 embarcaciones y las 15.025 personas.

Para una isla pequeña, esas cifras representan una presión extraordinaria.No son simples estadísticas. Son centros de acogida saturados. Servicios públicos tensionados. Vecinos preocupados. Instituciones locales reclamando ayuda.Y, sobre todo, vidas humanas. En septiembre de 2024, según recoge el documento, un cayuco naufragó cerca de El Hierro con aproximadamente 90 personas a bordo. Solo sobrevivieron 28.

En octubre de 2026, cuatro personas, incluido un bebé, murieron en otro cayuco rescatado al sur de la isla después de una travesía de ocho días. Detrás de la discusión política existe una tragedia humana. Pero precisamente por eso la exigencia hacia el Estado debería ser todavía mayor. Porque gestionar una crisis migratoria no significa solamente contar llegadas. Significa evitar muertes. Significa proporcionar recursos. Significa impedir que territorios pequeños tengan que soportar durante años una presión superior a sus capacidades.

Canarias no puede convertirse en una sala de espera permanente de una crisis que exige respuestas nacionales y europeas.

LA RESPONSABILIDAD NO PUEDE QUEDAR HUÉRFANA

Después de ocho años, Pedro Sánchez y el PSOE se enfrentan a una realidad política que resulta difícil de esquivar. Han gobernado. Han tomado decisiones. Han dirigido los ministerios. Han controlado la acción del Ejecutivo. Y, por tanto, deben responder por los resultados. No por todos los delitos que puedan cometer terceros. No por hechos que todavía se encuentran bajo investigación. No por responsabilidades que correspondan exclusivamente a otras instituciones. Pero sí por la gestión política de los años en los que han ejercido el poder.El conjunto de acontecimientos descritos —los casos de presunta corrupción en el entorno socialista, las crisis ferroviarias, las incidencias en sistemas de protección de víctimas, la persistencia del desempleo, las polémicas institucionales, las salidas de responsables políticos y la presión migratoria sobre Ceuta y Canarias— conforma un balance que no puede analizarse como una colección de episodios aislados.

Porque cuando los problemas se acumulan, dejan de ser únicamente problemas.

Se convierten en un balance. Y cuando ese balance afecta durante años a cuestiones tan fundamentales como la seguridad, el transporte, el empleo, la protección de los ciudadanos y el control de las fronteras, la responsabilidad política no puede desaparecer entre explicaciones técnicas, investigaciones judiciales o culpables circunstanciales. La responsabilidad final corresponde a quienes gobernaron.

El PSOE puede defender su gestión. Pedro Sánchez puede reivindicar sus decisiones. Sus adversarios pueden cuestionarlas. Pero hay una realidad imposible de modificar: desde 2018, el Gobierno de España ha estado presidido por Pedro Sánchez. Y la ciudadanía tiene derecho a evaluar no solo las promesas, sino también los resultados. Porque la política termina siempre donde comienza la responsabilidad. Y en democracia, ninguna responsabilidad puede quedar huérfana.

Serán finalmente los ciudadanos, con su voto, quienes dicten la última sentencia política sobre estos años de Gobierno.

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